El Gobierno ha anunciado una reforma inminente de la Ley de Extranjería en la que limitaría el derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes. No es la primera vez que se pretende acabar con este derecho, reconocido tras una prolongada movilización de las organizaciones de migrantes, asociaciones de derechos humanos y la izquierda social y política.
No se debería olvidar que la universalización del derecho a la sanidad, sin requisito previo en casos de urgencia y con empadronamiento para el resto, vino precedido por un conjunto de pronunciamientos judiciales que recordaban la obligación del Estado español con los tratados internacionales y los principios humanitarios más esenciales.
El Gobierno del PP, de la forma más hipócrita y alevosa, pretende justificar la medida con el abuso de ciudadanos extranjeros acaudalados que de esta forma estarían aprovechándose del sistema sanitario español; sin perjuicio del necesario control y de la oportunidad de ejercer el control para evitar que se aproveche del sistema, reclamando el coste de los servicios por medio de los convenios que ya existen, plantear una reforma de la Ley de Extranjería con este discurso tiene una finalidad clara de ahorrar a costa de los más débiles y vulnerando uno de los derechos fundamentales más básicos.
Por todo ello, desde la Secretaría de Migraciones del PCE, denunciamos este atropello, que se suma al resto de las políticas de recortes que está llevando a cabo lo Gobierno del PP, y hacemos un llamamiento a la movilización del conjunto del movimiento ciudadano por la igualdad y la ciudadanía universal. Una agresión de este calibre debe enfrentarse desde la movilización unitaria, que debe canalizarse conjuntamente con el resto de la contestación popular a las políticas que pretender hacer pagar la crisis al conjunto de la clase trabajadora.
