Hace apenas un año, cuando los líderes mundiales entonaban el mea culpa por la crisis y hablaban de refundar el capitalismo, casi nadie hubiera creído lo que se nos venía encima. Reducción de salarios, congelación de pensiones, abaratamiento del despido, retraso de la edad de jubilación, debilitamiento de la negociación colectiva, copago de servicios públicos, ataque a los sindicatos… más parece el ajuste económico de los “Chicago Boys” aplicado por Reagan, Thatcher o Pinochet que el propio de un gobierno que se sigue llamando “socialista”. Y es que Zapatero está cumpliendo punto por punto el programa económico de la derecha, en una versión aún más dura que en el resto de la Unión Europea.
Estamos ante todo un cambio civilizatorio, que deja en papel mojado los principios fundacionales del Estado democrático y social. Los derechos sociales y laborales conquistados tras décadas de lucha son ahora anatemizados como “privilegios” de una minoría a extinguir en aras de la “modernización” de la economía; se pretende acabar con la “dualización del mercado de trabajo” igualándonos a todos en precariedad. La propia esencia de la democracia está en cuestión desde el momento en que Zapatero rinde cuentas a Wall Street o al Financial Times antes que al Parlamento, y sigue el dictado de los mercados en lugar del programa electoral en el que confiaron sus votantes.
A pocos días de la Huelga General, prácticamente nadie se atreve a negar ya lo evidente: que la reforma laboral se centra principalmente en facilitar, abaratar y subvencionar el despido (o la “descontratación”, como dicen ahora). Hasta el ministro Corbacho ha tenido que reconocer que la reforma por sí misma no va a crear ni un solo empleo –más bien está sirviendo ya para todo lo contrario–. Como antes el recorte de salarios y la congelación de pensiones, y después el retraso de la jubilación, esta reforma se plantea con la intención de satisfacer a los agentes económicos que han venido especulando con el valor de la deuda española. En la práctica, somos rehenes de aquellos que causaron la crisis: quienes, tras haberse enriquecido con el boom especulativo, fueron rescatados con fondos públicos y ahora imponen decisiones que les favorecen directamente. Por eso ya hay quien sugiere sarcásticamente cambiar el primer artículo de la Constitución, dejando claro que “la soberanía nacional reside… en los mercados internacionales”.
Ante esto los trabajadores y trabajadoras tenemos la necesidad –y la obligación moral– de responder para impedir que les quiten a nuestros hijos los derechos por los que lucharon nuestros padres. Y, en estos momentos, la Huelga General es la única respuesta posible, ya que el Parlamento no representa la voluntad del pueblo sino la disciplina de partido de PP y PSOE, que comparten las recetas económicas del neoliberalismo, unos con descaro y otros con vergüenza, pero ambos férreamente.
Por mucho menos se hicieron las anteriores huelgas generales, y la clase trabajadora de este país fue capaz de parar otras reformas laborales. Si pudimos con el Decretazo de Aznar, hemos de poder con el de Zapatero. Porque “la única lucha que se pierde es la que se abandona”, vamos a darla todos juntos el próximo 29 de septiembre. ¡A la Huelga General!
