Artículo extraido de Público:
Si te manifiestas en la calle, queda prohibido pisar los despachos. El Ministerio de Economía y Hacienda prácticamente colocó este lema ayer viernes en su felpudo de entrada. O mejor dicho, se lo plantó a Izquierda Unida en la cara, que nunca se sabe qué pasará con los visitantes futuros. Y todo fue por una protesta pacífica en la calle.
Éste es el relato de hechos: unos 200 cargos municipales, autonómicos y estatales de IU se concentran a las 11.30 de la mañana a las puertas del departamento que dirige Elena Salgado, en el arranque de la calle de Alcalá, en Madrid. Allí están el coordinador general, Cayo Lara, con su secretario federal de Política Municipal, Eberhard Grosske –segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma–; el diputado en el Congreso, Gaspar Llamazares; el senador, Joan Josep Nuet; los coordinadores regionales de Andalucía, Diego Valderas, y Madrid, Goyo Gordo; la portavoz en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés; el secretario de Organización, Miguel Reneses; los alcaldes de Rivas Vaciamadrid, Pepe Masa, de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, y de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo... Y así hasta 200, por tanto. Unos llevan camisetas blancas. De esas corporativas, con los colores rojo, verde y violeta de IU: "Financiación local digna" o "Ayuntamientos, basta de olvidos".
Porque lo que allí se ventilaba era una protesta pacífica (no hubo lanzamiento de piedras, ni reparto de octavillas, ni empujones... a lo sumo un tímido grito de "¡Dinero al pueblo, no a los banqueros!") para pedir más dinero para los ayuntamientos. Como explicó Grosske a los medios, se trata de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero destine, además de los 5.000 millones de euros previstos en 2010 para la inversión productiva, otros 3.000 millones para gastos corrientes. Los gobiernos municipales representan "la institución más estancada en 30 años de democracia", son los que a la postre, recordó, "no llegan a fin de mes", los que necesitan recursos para servicios sociales, ayudas a la dependencia, becas para libros... En resumidas cuentas, que IU "exige más dinero, pero para los ciudadanos".
Lara, por su parte, denunció uno de los "incumplimientos del PSOE": que se tramite, en paralelo a la Ley de Financiación Autonómica –que ya está en el Congreso tras el pacto alcanzado el pasado mes de julio– una nueva Ley de Financiación Local, para así garantizar a los ayuntamientos mayor autonomía, mayores recursos... y servir de cortafuegos, por cierto, a la posible corrupción.
El coordinador subrayó que los consistorios son la "parte más sensible de las administraciones públicas" y las que cargan con todas las competencias impropias que las autonomías no asumen. Si no se resuelve el problema pronto, los ayuntamientos se asfixiarán, alertó. "Si eran los parientes pobres de la democracia, con la propuesta de Presupuestos del Estado, serán aún más pobres".
Hasta ahí, lo que sucedió antes de las 13.30 horas. En ese momento les tocaba entrar al Ministerio a una delegación de IU, encabezada por Grosske y el secretario federal de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio. Tenían que despachar con Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda. No lo hicieron finalmente. El Ministerio les dio con la puerta en las narices. Ocaña no se iba a sentar a la mesa después de que IU llevara a Alcalá a 200 cargos de todo el Estado.
En IU lo venían rumiando. Durante toda la mañana, según fuentes de la federación, el Ministerio había amenazado con suspender la reunión si la concentración persistía. Los dirigentes, rocosos, no se movieron. Entendieron que aquello era una protesta llevada a cabo "con normalidad y sin que se produjera la más mínima alteración de la actividad ciudadana". Visto lo visto, Ocaña castigó.
